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La revisión de la INCAPACIDAD PERMANENTE

By Abogados Sevila
In agosto 5, 2015
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Esta vez no vamos a hablar de contratos de trabajo, ni de despidos, ni de inspección de trabajo, ni de convenios colectivos. Hoy vamos a tratar algo bastante más habitual y cotidiano: las revisiones de grado de incapacidad permanente. Estas revisiones, llevadas a cabo por el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social),  Organismo Público encargado de conceder –y  también retirar- las prestaciones de Incapacidad Permanente, pueden efectuarse por agravación o por mejoría de la dolencia o padecimiento que originó la prestación de Incapacidad Permanente.

El INSS puede efectuar revisiones en cualquier momento siempre que el inválido no se supere la edad mínima para ser beneficiario de pensión de jubilación.

Pues bien, cuando se concede una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados;- parcial, total, absoluta o gran invalidez– el INSS en la resolución por la que se concede dicha prestación ha de advertir la fecha a partir de la cual puede instar la revisión de oficio por agravación o mejoría, estando dicho Organismo obligado a determinar la fecha para iniciar revisión incluso si la incapacidad permanente ha sido concedida mediante sentencia judicial.

También el INSS puede revisar la incapacidad permanente por error en el diagnóstico, en este caso puede revisarla en cualquier momento a partir de que tenga evidencias de dicho error de diagnóstico. Para ello  El INSS suele proponer revisiones cada dos años.-

Una vez comentado el contenido jurídico, vamos a la práctica. Actualmente en la mayoría de las revisiones no se modifica a la alza el grado de incapacidad, generalmente se anula la prestación o se confirma el grado en el que fue reconocido. Este hecho es empírico, y con ello nos referimos a que la mayoría de casos que pasan por nuestro despacho de revisiones de oficio de incapacidad permanente, el INSS resuelve anulando o confirmando el grado de IP del que ya disfrutaba el interesado. Y todo ello a la luz de los cuadros clínicos más recientes de cada paciente, que generalmente y para ciertas patologías, suelen ir agravando sus dolencias. Por ello es, que a veces es difícil entender como con cuadros médicos y dolencias agravadas por el transcurso del tiempo, el INSS en muchos casos retira o simplemente confirma el grado de incapacidad permanente  del que ya se disfrutaba.

Ante esta situación –resolución del INSS por la que una vez revisado el grado se anula la prestación o simplemente se confirma el grado y la gravedad de las patologías no han aminorado e incluso han aumentado- la única vía es la impugnación de dicha resolución administrativa con la reclamación previarecurso administrativo de obligatoria presentación antes de interponer demanda judicial-.

Para la presentación de este escrito el interesado cuenta con 30 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la notificación de retirada de prestación o confirmación de la que ya se disfrutaba. Tanto uno como otro caso, son impugnables con este recurso.

Una vez presentado este recurso, el INSS resolverá con una nueva resolución en la que confirmará la anterior, o  revocará ésta y confirmará la pretensión que solicitamos en el recurso. Para la resolución del recurso el INSS cuenta con un plazo de 45 días, pasados los cuales y sin resolución expresa, se entenderá denegado el recurso por silencio administrativo negativo.

Uno de los mayores problemas es que el interesado en multitud de ocasiones, confecciona la reclamación previa por su propia cuenta, optando por modelos descargados de internet, consejos de amigos, conocidos y un sinfín de informaciones – o deformaciones- que pueden llevar al recurso y posterior procedimiento judicial al absoluto fracaso. Entre otros motivos porque el contenido y el “petitum”  ( o lo que se pide en la reclamación, debe coincidir con lo pedido en la demanda, y ante una reclamación previa confeccionada sin orden, jerarquía, razonamientos jurídicos y con errores de forma y contenido, será sumamente difícil  presentar ante el Juzgado una demanda judicial que lleve a éxito nuestra impugnación.

 

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